La SIP condena el asesinato del periodista peruano Fernando Núñe

 

Miami (8 de diciembre de 2025) - La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condena el asesinato del periodista Fernando Núñez, en Perú, el tercero ocurrido este año en el país. La organización hemisférica exhorta a las autoridades a conducir una investigación exhaustiva, oportuna y transparente para identificar, capturar y procesar a los responsables del crimen. Núñez, periodista y director del portal informativo Kamila TV, y su hermano David fueron interceptados el 6 de diciembre en la carretera Panamericana Norte, en la región La Libertad, por sujetos armados a bordo de un vehículo, quienes abrieron fuego contra ellos cuando se desplazaban en motocicleta tras realizar una cobertura periodística en la zona, según informes de prensa. Fernando Núñez falleció en el lugar como consecuencia de los disparos, mientras que su hermano resultó gravemente herido y permanece internado en estado crítico, de acuerdo con reportes periodísticos. Núñez también era abogado y secretario de actas de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), filial Chepén. La ANP condenó de inmediato el asesinato del periodista y alertó sobre la persistencia de la impunidad en los ataques contra la prensa en Perú. Además de Núñez, en 2025 también fueron asesinados los periodistas Gastón Medina, en Ica, y Raúl Celis, en Iquitos, casos documentados por la SIP. El presidente de la SIP, Pierre Manigault, expresó su solidaridad con la familia de Núñez y con su hermano David—quien lucha por su vida—, e instó a las autoridades a conducir “una investigación rigurosa para señalar a todos los involucrados en este grave hecho de violencia”. Manigault, presidente del grupo Evening Post Publishing Inc. de Charleston, Carolina del Sur, agrego que “la impunidad es un mensaje devastador para la sociedad y un aliciente para que estos crímenes se repitan”. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, exhortó a las autoridades a investigar el crimen considerando de manera seria las posibles conexiones con la labor periodística de Núñez, incluidas eventuales represalias por su trabajo informativo. Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), subrayó que “la sociedad necesita respuestas concretas que deben traducirse en avances reales en la investigación y justicia para Fernando Núñez, su familia y para el periodismo peruano”. El informe sobre Perú presentado en la Asamblea General de la SIP en octubre pasado consignó que este año ha sido uno de los peores en las últimas décadas para la libertad de prensa en el país, donde han sido asesinados periodistas, otros fueron amenazados de muerte y en todo el país se registraron agresiones. En marzo pasado, una delegación de la SIP visitó Perú y constató un entorno cada vez más adverso para el ejercicio periodístico, que incluye persecución judicial a periodistas críticos, campañas de desinformación desde el Estado, estigmatización de voces disidentes, restricciones al acceso a la información pública y propuestas legislativas que amenazan directamente las libertades informativas. Fuente La SIP labarcainformativa.org

La madre Stephora Anne-Mircie Joseph, se expresa

 

Ella estaba sana, era mi única hija", madre de niña fallecida en hacienda quiere explicaciones".

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Me lo dijo la cotorrita Dolores

 La Cámara de Cuentas garantiza auditoría al Senasa estará lista en menos de tres meses.Esto será cierto ?. labarcainformativa.org 

Bajo Escrutinio: Gobierno contra ciudadanía Por Redacción

 Por Rolando Hernández

Como una evidente victoria considera la administración de gobierno de Trump de que la Suprema Corte de Justicia haya acogido proceder con la demanda sobre el derecho de eliminar la ciudadanía estadounidense por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados.

En su continua y consistente política en contra la inmigración, el plan de gobierno establece que la ciudadanía automática por nacimiento no le debe ser otorgar a las personas que no residan legalmente en Estados Unidos.

De acuerdo a la posición del gobierno, la ciudadanía por nacimiento se limitaría a quienes tengan al menos un progenitor ciudadano estadounidense o residente legal permanente. En cambio, el derecho (de nacer en el territorio estadounidense) no se aplicaría a los bebés nacidos de visitantes temporales que ingresaron al país legalmente ni a personas que ingresaron al país ilegalmente.

Sin embargo, la realidad es que la política antinmigrante ha sido rechazada constantemente en los tribunales inferiores, con jueces federales de todo el país que la han declarado ilegal, como ocurrió en los casos de Washington y New Hampshire donde la han imposibilitado de entrar en efecto. Aunque el gobierno de Trump en principio logró la intervención de la Corte Suprema al argumentar con éxito que los jueces individuales no tenían la autoridad para bloquear el plan nacionalmente, pero demanda nacionales si lo han logrado.

En una demanda colectiva sometida por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el fiscal general de Connecticut, William Tong, y los fiscales generales de otros 17 estados (incluyendo Nueva York y Nueva Jersey), el Distrito de Columbia y la ciudad de San Francisco demandaron a Trump en el Distrito de Massachusetts, impugnando la orden ejecutiva que pone fin a la ciudadanía por nacimiento, varios jueces federales la bloquearon la referida orden a nivel nacional que ha sido y es la medida correcta de protección a los inmigrantes.

La 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos”. La enmienda que fue proclamada después de la Guerra Civil en 1868 incluyó que los antiguos esclavos negros y sus hijos fueran reconocidos como ciudadanos, pero incluye las excepciones de las personas nacidas de diplomáticos extranjeros, fuerzas hostiles invasoras y miembros de algunas tribus nativo americanas.

El director ejecutivo de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), Anthony D. Romero considera que: “negar la ciudadanía a niños nacidos en Estados Unidos no sólo es inconstitucional: también es un repudio imprudente y despiadado de los valores estadounidenses.

La ciudadanía por nacimiento es parte de lo que hace que Estados Unidos sea la nación fuerte y dinámica que es. Esta orden busca repetir uno de los errores más graves en la historia de Estados Unidos, al crear una subclase permanente de personas nacidas en Estados Unidos a quienes se les niegan plenos derechos como estadounidenses”.

En la decisión programada para mediados del próximo año (2026) se espera que la Suprema Corte de Justicia establezca los límites del poder ejecutivo y que la decisión de limitar el alcance de la ciudadanía por nacimiento sea tomada por el Congreso estadounidense. El respeto a la Constitución estadounidense debe prevalecer ante la falta de límites de ejercer el poder que mantiene el mandatario Donald Trump en los Estados Unidos.

El autor es periodista, educador y escritor dominicano residente en el estado de Nueva Jersey y puede ser contactado en rhernandez5@hotmail.com

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Poder Judicial dominicano impulsa una justicia más accesible e inclusiva en favor de las personas con discapacidad

 La jueza de la Suprema Corte de Justicia, Nancy Salcedo Fernández, afirmó que el Poder Judicial dominicano impulsa una justicia abierta para garantizar el acceso efectivo de las personas con discapacidad, en consonancia con el artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), de las Naciones Unidas. 

Sus declaraciones fueron ofrecidas durante la conferencia “Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad”, un foro virtual que reunió a especialistas y representantes de organismos judiciales e instituciones de República Dominicana, Costa Rica, Panamá y Paraguay, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, celebrado cada 3 de diciembre. 

La magistrada destacó que la justicia abierta resulta fundamental para incorporar a las personas con discapacidad en los procesos de toma de decisiones, fortalecer la rendición de cuentas y asegurar el seguimiento efectivo de las políticas de inclusión. 

Destacó que desde el Poder Judicial se impulsa la innovación tecnológica mediante herramientas digitales accesibles y una cultura institucional basada en la inclusión y el respeto a la diversidad. 

“La justicia abierta permite construir un sistema judicial más transparente, participativo y equitativo, garantizando la igualdad de condiciones para todas las personas, lo que entra en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano”, enfatizó la magistrada. 

Adelantó que uno de los retos de la justicia dominicana es el de continuar promoviendo el acceso de personas con discapacidad, y que en base a ello se trabaja en la eliminación de barreras físicas, de comunicación y actitudinales. 

Dijo que se realiza la formación de personal judicial en materia de derechos humanos y discapacidad, en coordinación con entidades nacionales e internacionales relacionadas al tema.  

Entre los desafíos que el Poder Judicial enfrenta y trabaja para cumplir con el artículo 13 de la CDPD, citó el acondicionamiento de edificios judiciales con la colocación de rampas y mejorar pasillos estrechos, instalación de ascensores, señalización en braille, instalación de sistemas de audio o proveer intérpretes de lengua de señas dominicana y adaptaciones tecnológicas para facilitar el acceso digital a personas con discapacidad visual o auditiva. 

Agregó que los operadores del sistema (jueces, fiscales, defensores, secretarios y policías judiciales) requieren formación continua para aplicar de manera efectiva el enfoque inclusivo, especialmente ante la persistencia de prejuicios y estigmas que afectan la participación plena de las personas con discapacidad en los procesos judiciales. 

En ese sentido, la magistrada Nancy Salcedo expuso que la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) desarrolla material didáctico, adecuaciones curriculares y programas de formación continua en derechos humanos y trato digno para sensibilización en discapacidad. 

Entre las iniciativas desarrolladas por el Poder Judicial en favor de este segmento de la población están la Política de Igualdad para las Personas con Discapacidad, el Plan de Accesibilidad para Edificaciones Judiciales, Guía de Trato Digno para el Acceso a la Justicia, Protocolo de Trato Digno en el Acceso a la Justicia para Personas LGBTUQ+, y Personas con Discapacidad y Migrantes y la Guía para reducir barreras actitudinales y de comunicación para la población en situación de vulnerabilidad. 

Asimismo, los protocolos de trato digno para el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes, personas en pobreza y pobreza extrema, privadas de libertad, de atención para mujeres víctimas de violencia y de trato digno para el acceso a la justicia para adultas mayores. 

También se destaca la formación y certificación de 42 personas en lengua de señas, a través de la Escuela Nacional de la Judicatura, en coordinación con el Consejo Nacional de la Discapacidad (CONADIS). Estas personas realizan la labor de intérpretes judiciales en audiencias y en los centros de entrevistas forenses en los casos que involucran víctimas, testigos o imputados que tienen la condición de discapacidad auditiva.  

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Fuente:Pagna Web del Poder Judicial 

República Dominicana bloquea entrada de carne de cerdo desde España tras brote de PPA

 República Dominicana bloquea entrada de carne de cerdo desde España tras brote de PPA

Santo Domingo,RD.-El director de la Dirección General de Ganadería, Abel Madera, informó este jueves la suspensión inmediata de las importaciones de carne de cerdo y productos derivados procedentes de España, luego de que se confirmara la presencia de la Peste Porcina Africana en ese país, considerado el principal productor de cerdo en Europa.

Madera explicó que, aunque la República Dominicana no figura entre los grandes compradores de carne fresca española, las autoridades agropecuarias dominicanas actuaron de forma preventiva en cuanto la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) confirmó oficialmente, el pasado 28 de noviembre, la detección del brote en jabalíes silvestres de la región de Cataluña.

Asimismo, recordó que la mayor parte de la demanda dominicana de cerdo fresco y congelado proviene de Estados Unidos.

El funcionario aseguró que la medida busca proteger la producción nacional y evitar cualquier riesgo de ingreso de la enfermedad al territorio dominicano.

¨La restricción abarca no sólo la carne fresca y congelada, sino también embutidos, productos procesados, subproductos porcinos y material genético, hasta tanto las autoridades internacionales y españolas logren controlar el brote y certificar que no representa una amenaza¨, afirmó.

Madera resaltó que el país mantiene estrictos protocolos de inspección en puertos y aeropuertos, especialmente en mercancías y productos agrícolas considerados de riesgo. También dijo que los equipos técnicos de la DIGEGA continúan en estado de alerta para reforzar la vigilancia epidemiológica en granjas y zonas productivas.

¨La República Dominicana continúa consolidando su liderazgo en sanidad animal con avances significativos en la prevención y control de la peste porcina africana (PPA), impulsados por el Plan Nacional de Bioseguridad Porcina (PNB) y estas acciones han resultado en una reducción estimada del 70% en el riesgo de exposición y transmisión de la PPA dentro del sistema productivo formal del país¨, informó.

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 sanidad animal y llamó a los productores y comercializadores a mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Se produce pequeño incendio en la Cámara de Diputados

 

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