Este año llega a su fin con una certeza contundente: el periodismo en las Américas ya no se ve obligado a defenderse únicamente de las balas, la censura o las celdas de prisión. En la actualidad, enfrenta una amenaza más insidiosa: la asfixia económica se ha convertido en una nueva forma de violencia, más silenciosa, menos visible, pero igual de eficaz para silenciar voces independientes.
La desaparición de un medio de comunicación nunca es simplemente un fracaso empresarial. Es, ante todo, una derrota para el derecho de la sociedad a estar informada. Cuando el periodismo independiente se debilita o desaparece, el debate público se erosiona, la rendición de cuentas se desvanece y las tendencias autoritarias encuentran un terreno fértil para expandirse sin control. Una democracia sin medios fuertes es una democracia privada de una de sus salvaguardas más esenciales.
A lo largo del año, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mantuvo una presencia activa y visible mediante misiones internacionales en Guatemala, Panamá, Costa Rica, Perú y Estados Unidos, países donde las presiones contra periodistas y medios se han intensificado a través del acoso judicial, demandas desproporcionadas, abusos regulatorios y la estigmatización desde los más altos niveles del poder. Este deterioro ha sido aún más grave en Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde los gobiernos niegan abiertamente a sus ciudadanos el derecho a vivir bajo normas democráticas y reprimen de manera sistemática al periodismo independiente.
Hemos denunciado de forma constante y firme la persecución estatal y la violencia del crimen organizado, expresadas en asesinatos, amenazas y silenciamientos forzados, en contextos donde los gobiernos ni siquiera brindan la protección más básica a los periodistas. Esta falla se agrava por la persistente impunidad, que alimenta un círculo vicioso de violencia al enviar el mensaje de que los crímenes contra periodistas no tienen consecuencias reales. Como resultado, un número creciente de reporteros se ve forzado al exilio simplemente para preservar su vida y continuar con su labor.
En este contexto, la SIP logró avances significativos en la lucha contra la impunidad y en la búsqueda de verdad, memoria y justicia. Este año se alcanzaron acuerdos con el Estado colombiano para otorgar reparaciones a las familias del periodista Julio Daniel Chaparro Hurtado y del fotógrafo Jorge Enrique Torres Navas, asesinados en 1991, así como a la familia de Guillermo Cano, el director asesinado por narcotraficantes en 1986. Estos acuerdos representan pasos esenciales hacia la rendición de cuentas y reafirman que los crímenes contra periodistas no pueden ser borrados por el paso del tiempo y que la justicia sigue siendo un derecho irrenunciable.
Consciente de la creciente realidad del desplazamiento forzado, la SIP también impulsó respuestas concretas a los desafíos del periodismo en el exilio. Entre ellas se destaca la creación de la Red Latinoamericana de Periodismo en el Exilio (RELPEX), una iniciativa concebida para apoyar a periodistas y medios desplazados y permitirles continuar cumpliendo su misión profesional con independencia, dignidad y resiliencia. La RELPEX no es solo un mecanismo de apoyo; es una declaración de principios: el exilio nunca debe significar silencio.
Esta crisis ya no se limita a América Latina. En Estados Unidos, el periodismo ha dejado de ser un observador distante y se ha convertido en un objetivo directo dentro de este mismo drama global. La Primera Enmienda, alguna vez considerada un escudo impenetrable, ha demostrado ser vulnerable frente a ataques políticos sostenidos destinados a desacreditar a la prensa y socavar la libertad de expresión. En este contexto, la experiencia de los editores latinoamericanos —largamente acostumbrados a resistir presiones autoritarias— se ha vuelto una fuente indispensable de aprendizaje y fortaleza para las redacciones estadounidenses.
La sostenibilidad financiera del periodismo sigue siendo el talón de Aquiles de la libertad de prensa. Los desafíos que alguna vez plantearon internet y las redes sociales se han visto amplificados por la rápida expansión de la inteligencia artificial. Si bien la IA ofrece oportunidades extraordinarias de innovación y eficiencia, también plantea interrogantes éticos y económicos urgentes. Los desarrolladores y las plataformas deben establecer mecanismos de compensación justa por el uso de contenidos periodísticos. La tecnología solo puede innovar verdaderamente dentro de sistemas libres y democráticos; sin periodismo de calidad, los algoritmos corren el riesgo de amplificar la desinformación en lugar del conocimiento.
Durante el año fortalecimos nuestras iniciativas de cooperación, capacitación y monitoreo, al tiempo que ampliamos nuestra participación en debates públicos clave sobre libertad de prensa, transformación digital y el futuro de la industria de los medios. Nada de esto sería posible sin el apoyo sostenido de nuestras organizaciones miembro, socios institucionales y el trabajo incansable de los periodistas que, con coraje y profesionalismo, honran esta misión cada día.
De cara al futuro, 2026 se perfila como un período desafiante y transformador. La libertad de prensa no debe seguir siendo presentada como un obstáculo para el poder. Por el contrario, los Estados tienen la obligación evidente de protegerla, reconociendo que es la base del derecho de la sociedad a saber, tal como lo consagran la mayoría de las constituciones del continente. La libertad de expresión no es una concesión otorgada por el Estado; es un pilar que sostiene a la democracia misma.
El momento exige unidad. Medios de comunicación, periodistas, asociaciones de prensa, grandes empresas de tecnología y gobiernos deben trabajar juntos. Frente a un ataque coordinado contra la verdad, la acción colectiva es el único camino posible. Desde la SIP reafirmamos nuestro compromiso con los principios de las Declaraciones de Chapultepec y de Salta, con la convicción de que buscar la verdad e informar con libertad no son solo derechos, sino deberes que nuestra profesión y la democracia nos exigen.
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