Por Rolando Hernández
Desde que llegó a la Casa Blanca en enero pasado, el
presidente Donald Trump se ha convertido en un verdadero reto para el sistema
institucional en el que están fundamentados los Estados Unidos. Trump ha
utilizado y llevado a la práctica los poderes que puede invocar como mandatario
y ese poder lo consolidó cuando la Suprema Corte de Justicia en una votación de
6 jueces a favor y 4 en contra de que el presidente goza de inmunidad para las
decisiones presidenciales. Es el caso de las decenas de órdenes ejecutivas
(decretos) que ha firmado desde su retorno al poder, las cuales abarcan desde la
economía, salud, inmigración, educación y ciudadanía las que en su mayoría han
sido bloqueadas por los jueces federales por ser violatorias a la Constitución
de los Estados Unidos.
Una de las Ordenes Ejecutivas más controversiales, es la
que establece la federalización de la guardia nacional, es decir el envió de
tropas a los Estados de parte el Gobierno dizque para controlar la violencia,
cuando en la realidad de los hechos, los Estados cuentan con su propia guardia
nacional y los departamentos de policías locales responsables de mantener el
orden público. Además, el presidente debe autorizar la guardia nacional cuando
le es solicitada por los gobernadores estatales y eso hasta el momento no ha
sucedido en estados como California, Oregón e Illinois a donde han llegado
miembros del ejército autorizado por Trump en franca violación a las leyes.
El
presidente ha tomado esa decisión amparada en la Ley de Insurrección de 1807 que
faculta al presidente al envío de tropas federales y a movilizar la guardia
nacional de los estados bajo condición de insurrección y seguridad de los
ciudadanos. La insurrección que en la práctica no existe ha sido la perfecta
excusa del gobierno para movilizar a los militares. En el artículo: ¿Qué es la
Ley de Insurrección?, de la autoría de Joseph Nunn publicado en fecha 10 de
junio de 2025 en el portar digital brennancenter.org, establece que la Ley de
Insurrección autoriza al presidente a desplegar fuerzas militares dentro de los
Estados Unidos para reprimir una rebelión o violencia interna, o para hacer
cumplir la ley en determinadas situaciones.
Esta ley implementa la facultad del
Congreso concedida por la Constitución de “estipular el llamamiento de la
milicia para ejecutar las leyes de la Unión, reprimir insurrecciones y repeler
invasiones”. Es la principal excepción de la Ley Posse Comitatus, (Insurrección)
que, en términos generales, prohíbe a las fuerzas militares participar en
actividades civiles de orden público. La “Ley de Insurrección de 1807”, en
realidad es una combinación de varias leyes promulgadas por el Congreso entre
1792 y 1871. Hoy en día, estas disposiciones están recogidas en las Secciones
251 a 255 del Título 10 del Código de los Estados Unidos, según Nunn.
La Ley de
Insurrección se invocó por última vez en 1992, cuando el gobernador de
California solicitó asistencia militar al presidente George H.W. Bush en
respuesta a los disturbios civiles que acontecieron en Los Ángeles luego de la
absolución de cuatro agentes de policía blancos acusados de haberle dado una
golpiza al conductor afroamericano, Rodney King. Pero antes en 1965 el
presidente Lyndon Johnson invocó unilateralmente la Ley de Insurrección en
contra de los deseos de un estado para brindar protección a un grupo de
activistas que marchaba en defensa de los derechos civiles de Selma a Montgomery
hasta que hace varias semanas Donald Trump de manera personal lo hizo en
flagrante violación a las leyes. El mandatario estadounidense se ha concentrado
en emitir Ordenes Ejecutivas a diestra y siniestra, como una forma de evitar que
los temas centrales sean discutidos por ante los congresistas de la Cámara de
Representantes (diputados) y el Senado.
Es de la creencia que puede tomar todas
las decisiones por encima de las autoridades estatales, pero no es así, la
realidad es que hasta que los Estados soliciten su intervención el ejecutivo no
puede actuar, ni movilizar a ninguna de las tropas. Debido a la falta de
negociación de la Casa Blanca (Republicanos) y los Demócratas en llegar a un
acuerdo sobre la Ley de Presupuesto, el gobierno federal ha sido cerrado y que
no podrá ser abierto por una orden ejecutiva, sino mediante la aprobación de una
ley aprobada por los congresistas. Mientras tantos cientos de empleados
federales y militares no recibirán sus pagos y otros servicios fruto de la
presente situación.
A pesar de que varios jueces federales han emitido órdenes
judiciales en las que prohíben al gobierno desplegar tropas federales en los
estados California e Illinois, el gobierno lo continúa haciendo. Lo que se
espera es que la demanda sea presentada por el propio gobierno ante la Suprema
Corte de Justicia de que puede ordenar el desplazamiento de los militares, la
cual tendrá que anular las órdenes ejecutivas que han sido aprobadas por el
presidente Donald Trump que se ha amparado en la Ley de Insurrección. Por el
momento, mientras el gobierno respete las decisiones de no movilizar a los
militares, es tiempo de esperar en el futuro inmediato la decisión de los Jueces
de la Suprema Corte de Justicia sobre la aplicación de la “Ley de Insurrección
de 1807”. El autor es periodista, educador y escritor dominicano radicado en el
Estado de Nueva Jer sey. Puede ser contactado en rhernandez5@hotmail.com
Labarcarcainformativa.org
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