Bajo Escrutinio: El presidente ante la justicia

 POR  Rolando Hernández

Antes de ser electo por segunda ocasión en noviembre del 2024, el presidente Donald Trump se ha mantenido aun descalificado a los jueces federales y no federales que no lo han favorecido en materia judicial.

“Absurdo, son jueces extremistas, jueces de la extrema izquierda y hasta jueces alineados con el partido demócratas”, forman parte de las expresiones utilizadas con regularidad por el mandatario estadounidense contra los jueces.

El presidente Trump no ha perdido tiempo y sin rubor alguno cuando la situación lo amerita manifiesta una opinión contraria a las decisiones judiciales que no apoyan o están de acuerdo de sus decisiones asumidas como encargado del poder ejecutivo.

En las órdenes ejecutivas que han sido de entrar en efecto por las decisiones judiciales como las que eliminaban la ciudadanía para los hijos de los inmigrantes ilegales, regulación de las elecciones mediante el impedimento del voto por correo, la imposición de los aranceles y hasta la decisión más reciente de negarse a la entrega de los recursos económicos para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocida por sus siglas en inglés como SNAP cuyos recursos no habían sido entregado a más de 42 millones de personas que son favorecidas por ese programa.

El juez federal John McDonnell Jr., en su decisión afirmó que el gobierno violó una orden judicial anterior al no cumplir con los plazos establecidos y calificó la demora de “inaceptable” asumida por la administración Trump quien se había negado a entregar los fondos ascendentes a unos 9 mil millones de dólares hasta tanto fuera reabierto el gobierno debido a un impase en la aprobación en el presupuesto gubernamental.

Según la norma institucional contenida en la Sección 32 en combinación con los fondos de contingencia, el gobierno tiene suficientes fondos para continuar con la asistencia del programa de alimentación complementaria.

Es decir, que el gobierno no tenía una excusa válida para no entregar los fondos y que no debía ignorar las decisiones judiciales y más cuando se trata de hacer cumplir ley ya que sería impensable que el gobierno como ejecutor de las órdenes del poder judicial ignore no cumplirlas y más cuando se involucran los dineros públicos que son para la protección de la seguridad social.

Ninguna autoridad, incluyendo al presidente, funcionario o ministro tienen poder de impedir y retener los recursos económicos que por las leyes son destinados a los programas de la seguridad social.

Aunque el presidente Trump es partidario de no liberar los fondos económicos para el programa de SNAP, la realidad es que esa decisión no depende del poder ejecutivo sino del poder judicial que bajo condiciones especiales podría no hacerlo, pero esa no es la situación.

Una vez más, el poder judicial se ha pronunciado sobre un exceso más del mandatario Donald Trump de querer impedir la entrega de fondos económicos a los programas que han sido establecidos por las leyes a la seguridad social.

A pesar de que la Suprema Corte de Justicia ha suspendido de manera temporal la entrega de todos los fondos al programa SNAP mientras sea superado el cierre del gobierno, el presidente Donald Trump al fin de cuentas también debe someterse y respetar las decisiones que emanen del poder judicial. Nadie sin importar su posición debe estar por encima de las leyes.

El autor es periodista, educador y escritor dominicano residente en el estado de Nueva Jersey y puede ser contactado en rhernandez5@hotmail.com

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