Más de 26.000 menores no acompañados han sido detenidos en la frontera de Estados Unidos en los primeros seis meses de 2016, la mayoría de ellos provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras, según denunció hoy Unicef.
Y otros 16.000, también no acompañados y originarios de los tres países centroamericanos, nunca lograron alcanzar EE. UU. y fueron detenidos en la frontera mexicana en el primer semestre del año, según un informe de la organización divulgado hoy.
El texto recuerda que la gran mayoría de estos niños huyen de la violencia de las maras, o pandillas callejeras, de las que son víctimas, o de una vida de pobreza sin esperanzas.
"El riesgo de que estos niños no acompañados sean secuestrados, víctimas de tráfico, violación, o asesinados durante el trayecto es enorme, y el mayor problema es que el número no deja de crecer", indicó en rueda de prensa Christoph Boulierac, portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Otras 29.700 personas que viajaban en grupos familiares, la mayoría mujeres y niños pequeños, también fueron retenidas en ese mismo periodo en la frontera de Estados Unidos.
Consultado Boulierac sobre si conocía el número aproximado de niños de estos grupos familiares, dijo desconocerlo.
Más allá del riesgo que corren durante la travesía, Unicef está especialmente preocupado por el trato que reciben estos menores no acompañados una vez retenidos.
"Por principio, Unicef es contrario a la detención de menores de edad. Todos los países deberían buscar alternativas a la retención de niños y no detenerlos en base a su simple estatus migratorio", explicitó Boulierac.
El informe recoge que si bien la mayoría de hombres adultos que son detenidos en la frontera de Estados Unidos son deportados casi inmediatamente, las madres y los niños pequeños pueden pasar meses en detención, y los menores no acompañados incluso años, porque sus casos son revisados por un tribunal de justicia.
"El problema es que el 40 % no tiene abogados. El sistema no prevé un abogado de oficio para ellos", especificó Boulierac.
El informe puntualiza que los que no tienen un abogado tienen más posibilidades de ser deportados.
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