Tomado de la Sociedad Interamericana de Prensa
Miami
(27 de junio de 2022) - La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reiteró su
denuncia sobre la complicidad de empresas privadas de telecomunicaciones que en
Venezuela son utilizadas por el gobierno de Nicolás Maduro para censurar y
bloquear a medios de comunicación en internet e interceptar las comunicaciones
telefónicas de periodistas, opositores y ciudadanos críticos al régimen.
La SIP indicó que esta complicidad
entre gobiernos y empresas privadas vulnera la Declaración de Salta sobre Principios de Libertad de
Expresión en la Era Digital en varios apartados. Por un lado,
el documento de la SIP señala que "el bloqueo y filtrado de contenidos por
control estatal en el espacio digital constituye censura previa de acuerdo a lo
establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos" y que "la
vigilancia masiva no es aceptable" a excepción de que "se persiga un
fin legítimo acorde a lo establecido en las convenciones sobre derechos
humanos".
Por otra parte, la Declaración pone
énfasis sobre el papel de los intermediarios tecnológicos, a los que advierte
que: "deben comprometerse con el respeto y la promoción de la libertad de
expresión y no deben ceder ante presiones de gobiernos u otros grupos de
poder". Y agrega que "sus políticas y criterios que puedan restringir
la circulación de contenidos deben ser claros y transparentes" y
"deben adoptar buenas prácticas para resguardar los datos personales y la
privacidad de las personas que utilizan sus plataformas y servicios".
Un informe de transparencia de la empresa privada Telefónica,
matriz de Movistar en Venezuela, difundido por la organización Ve Sin
Filtro, evidencia que la compañía de telecomunicaciones realiza espionaje
masivo, intercepciones telefónicas y bloqueos digitales que le son ordenados
por el gobierno de Venezuela. El documento de Telefónica reveló que más de un
millón de cuentas de teléfonos o de internet fueron intervenidas y 30 sitios
web fueron bloqueados por orden del gobierno en 2021.
El presidente de la SIP, Jorge
Canahuati, mostró "indignación ante la masiva violación a las libertades
de expresión y de prensa de los ciudadanos y medios de comunicación, practicada
en confabulación con empresas transnacionales para mantener la política
informativa oficial de censura".
Canahuati, CEO de Grupo Opsa, de
Honduras, se preguntó "si las mismas empresas privadas que ceden a las
presiones políticas del gobierno venezolano y sin ninguna orden judicial bloquean
sitios de internet serían capaces de ejecutar esas acciones en países con
gobiernos democráticos".
El presidente de la Comisión de
Libertad de Prensa e Información de la SIP y director periodístico del diario
argentino La Voz del Interior, Carlos Jornet, dijo que
"los bloqueos a las páginas de medios de comunicación, además de privar a
los ciudadanos de su derecho a estar debidamente informados, atentan contra la
sostenibilidad de las empresas periodísticas, al no poder ser estas vehículo de
mensajes publicitarios, su única fuente de ingresos, lo que en algunos casos
deriva en la asfixia económica".
Miguel Henrique Otero, presidente
editor del diario El Nacional y vicepresidente por Venezuela
de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, ha venido enfatizando en
sus informes ante la SIP que "las compañías privadas de telecomunicaciones
deberían tener políticas coherentes en todos los países que operan y ajustarse
siempre al derecho internacional para proteger la libertad de expresión".
El informe de libertad de prensa de la SIP de
abril pasado denunció que "los bloqueos se hacen sin respaldo judicial, de
manera discrecional y absolutamente arbitraria". Asimismo, el tema fue
abordado públicamente en una conferencia sobre "La condenable agresión cibernética contra medios y
periodistas", organizado por la organización en febrero pasado.
Algunas organizaciones estiman que
más de 110 periódicos fueron cerrados u obligados a cerrar por el gobierno en
la última década. Un informe de IPyS Venezuela indica que más
de cinco millones de venezolanos viven en "desiertos informativos",
territorios donde se produce escasa o ninguna información local.
Entre otros medios locales bloqueados están los portales de El
Nacional, La Patilla, El Pitazo, Armando.info, Efecto Cocuyo, Runrunes y
medios internacionales tales como CNN en Español; Infobae y Todo Noticias, de
Argentina; RCN, Caracol TV, NTN 24 y El Tiempo, de Colombia. De
acuerdo a Ve Sin Filtro, en 2021 fueron interferidos unos 68
portales, 45 de estos de medios.
Además de Movistar y de las
estatales Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) y Movilnet,
la SIP también ha denunciado las acciones ejecutadas por las operadoras
privadas de servicios móviles y de internet Digitel, Supercable e Intercable.
La SIP es una entidad sin fines de
lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión
en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio
occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.
Labarcainformativa.org
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